El intendente Foulkes y sus concejales se debaten entre la beneficencia y la hipocresía para abordar la severa crisis alimentaria que atraviesa los barrios de Viedma. Ante la ausencia del Estado municipal y del Gobierno provincial, son la CTEP y la militancia peronista quienes se ponen al frente de las demandas: organizan socialmente a las familias en crisis, motorizan las protestas y también marcan la diferencia en el plano institucional, con la elaboración de un proyecto de ordenanza superador para declarar la emergencia alimentaria.


Viedma está atravesada por la sombra del hambre que acecha a los vecinos y las vecinas de los barrios populares, pero tanto el Ejecutivo municipal, a cargo del radical José Luis Foulkes, como el gobierno de Alberto Weretilneck, no ofrecen respuestas que modifiquen las condiciones materiales de existencia de cientos de familias que se encuentran en crisis.

En diciembre de 2018, concejales que responden al alcalde viedmense confluyeron con los pichettistas para voltear un proyecto que pretendía declarar la Emergencia Alimentaria en Viedma. Ese proyecto, presentado por concejales de Frente para la Victoria (FPV), pero impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y por los sindicatos nucleados en la Mesa de Unidad de Unidad de los Trabajadores (1), exponía una realidad insoslayable: la necesidad de abordar con urgencia la crítica situación que atravesaban cientos de familias que no lograban satisfacer necesidades básicas ligadas a la alimentación.

Los 17 merenderos y comedores que proliferaban en Viedma en diciembre pasado, servía para sintetizar la necesidad de declarar la emergencia. Sin embargo, Foulkes y sus concejales le dieron la espalda a la situación. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados por el oficialismo y sus socios? Cuestionaron la legitimidad de los merenderos/comedores y los vincularon a espacios que perseguían una finalidad política. Una muestra inapelable del aislamiento conceptual que determina la práctica política e institucional de ese sector.

Seis meses después, la cantidad de merenderos sigue en ascenso: ahora son alrededor de 23, censados informalmente ante la ausencia del Estado.

La proliferación de esos espacios generados para mitigar el hambre que acecha a cientos de familias, se convierte en un indicador de la situación global que padecen los sectores populares de la capital provincial. Por eso la necesidad de un proyecto de ordenanza que declare la emergencia volvió a tomar fuerza, nuevamente impulsado por la CTEP y la Mesa de Unidad de los Trabajadores.

Foulkes persistió en su postura de negar la crisis y, como contrapartida de la declaración de emergencia, ofreció a principios de junio un programa «alimentario solidario destinado a merenderos de la ciudad». Como siempre, la afectación de recursos define la naturaleza de las políticas públicas. ¿Cuánto dinero destina la propuesta del alcalde? Sesenta (60) mil pesos mensuales «para proveer los siguientes insumos: leche, harina, levadura, azúcar, sal y mermelada», según explicaban las gacetillas oficiales.

¿Cómo impactarían esos 60 mil pesos con los que Foulkes pretende abordar la crisis alimentaria? Según estimaciones extraoficiales, asisten 500 chicxs a los merenderos/comedores. La cuenta asusta. O enoja: el intendente quiere destinar 4 pesos por día para cada niñe y con ese aporte pretende abordar la severa crisis que sufren cientos de familias de Viedma. 


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La ecuación que plantea el intendente tampoco cierra en el plano cualitativo, ya que su programa alimentario plantea proveer insumos como leche, harina, levadura, azúcar, sal y mermelada. En ese sentido la CTEP recordó, a través de un comunicado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación «la alimentación saludable es un derecho fundamental para la vida y el bienestar de todas las personas, que incide directamente en el desarrollo humano de la población (…) Se necesita asegurar el derecho a todas las personas a disponer de los alimentos, y tener un acceso oportuno a ellos en cantidad y calidad nutricional adecuadas. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es un compromiso de todos pero fundamentalmente de quienes deben garantizar su inclusión y reconocimiento como un derecho, en los marcos políticos y normativos de un país, y en estrategias de realización y cumplimiento”. Como explicó Lorena Alan, referente de la CTEP y a cargo del merendero Copita de Leche del barrio 30 de marzo, «pretenden que alimentemos a nuestros hijos como si fueran pollos, sólo con alimentación seca«.

Emergencia Alimentaria Viedma

Pero como si el combo hipocresía/incapacidad no fuera suficiente, el oficialismo decidió profundizar su enfoque elitista con el proyecto firmado por Genoveva Molinari y Leandro Massaccesi que, básicamente, proponía como salto de calidad institucionalizar la beneficencia como herramienta para abordar la emergencia alimentaria. Se trataba de una «reducción voluntaria» del 10% de los sueldos de la plata política del Ejecutivo municipal y de los Concejales, y con esos recursos crear un fondo para contribuir «a profundizar las políticas y beneficios sociales que ejecuta la municipalidad de Viedma».


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Los recursos que se reunirían con la propuesta de Molinari son insuficientes e irrisorios. Sin embargo, la dimensión más opaca de la iniciativa reside en su bajísima calidad institucional y en su carácter reaccionario. La edil se inscribe en el clima de época antipolítica que intenta instalar el presidente Mauricio Macri, jefe político de todos los dirigentes y funcionarios enmarcados en Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio). Y a contrapelo de las acciones necesarias para consolidar estados de derecho en expansión, propone suplantar la legislación en clave progresista y de inclusión, por la buena voluntad individual de funcionarios aislados de su contexto histórico.

Ante la crisis alimentaria que atraviesan cientos de viedmenses, las propuestas del oficialismo fueron la hipocresía, la ausencia del Estado y la caridad. Una pintura muy precisa del estado del radicalismo: esclerosado, conservador, aislado de la realidad social y abstraído en roscas de palacio. Quizás por este combo de atributos es que en la última elección provincial apenas recolectaron el 5% del apoyo de los rionegrinos.

NO TODO ES RADICALISMO (POR SUERTE)

El oficialismo y sus socios no pueden, no quieren o no saben. Ante la ausencia del Estado y de la política institucional, es saludable la aparición de expresiones políticas que sacuden la estructura desde sus márgenes. La crisis alimentaria sirve para poner en evidencia el extendido trabajo territorial que desarrolla la CTEP en Viedma, y la capacidad técnico-política de un nuevo sector del peronismo, expresado en la Mesa de Unidad de los Trabajadores.

La articulación íntima de estos actores permitió elaborar un proyecto de ordenanza para abordar la crisis alimentaria de manera ágil; para ubicar (en serio) a los sectores afectados en el centro de la práctica institucional, para reconocerlos como sujetos de derecho y actores institucionales con legitimidad, y no como meros receptores de dádivas.

Emergencia Alimentaria Viedma

 

El Deliberante procuró mantener casi en secreto la reunión de la comisión de Asuntos Sociales del viernes 21, en la que se pensaba aprobar la iniciativa de beneficencia motorizada por Molinari / Massaccesi para darle estado parlamentario. La intención era avanzar sin consulta y/o participación de representantes de organizaciones sociales, sindicales o políticas relacionadas con la problemática. Sin embargo, un contacto entre el concejal Diego Santos (FPV) y Ezequiel Urrutia, integrante de la Mesa de Unidad de los Trabajadores, permitió una reunión de trabajo en la noche del jueves que permitió trabajar en la elaboración de un proyecto que realmente expresara las necesidades de los sectores acechados por el hambre.


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El proyecto que el viernes 21 fue presentado en la comisión de Asuntos Sociales es específico. Propone crear la «Mesa municipal de soberanía alimentaria y nutricional» que tendrá la misión de:

1. Crear en 30 días un registro de lxs vecinxs en situación de vulnerabilidad a partir del cruzamiento de las bases de datos nacionales, provinciales y municipales

2. Crear un registro de merenderos y comedores que deberá ser actualizado anualmente

3. Diseñar un plan de abordaje de la soberanía alimentaria y nutricional de la población vulnerable de Viedma en un plazo de 60 días.

Uno de los artículos más importante es el que establece la creación de «una canasta básica para la Emergencia Alimentaria y Nutricional que garantice alimento en cantidad y calidad para una alimentación y nutrición adecuada.

En función de estos puntos, el artículo 5° estipula que «todas las familias bajo la línea de indigencia serán auxiliadas con el monto que les permita acceder mensualmente a la canasta de la emergencia alimentaria y nutricional”. Esta acción se implementará a través de la creación de la «tarjeta de la emergencia social alimentaria».

Emergencia Alimentaria Viedma

De esta manera, el proyecto logra ampliar el enfoque de la problemática y sacarla del reduccionismo conservador: el flagelo del hambre no se cierra sobre comedores y merenderos; estos son la expresión de una crisis generalizada, por lo que es necesario abordar holísticamente y determinar con certeza los límites y las características de la población bajo la línea de pobreza en Viedma.

Pero el proyecto también se posa sobre la especificidad de los comedores y merenderos. En el artículo 9° autoriza al «poder Ejecutivo municipal a crear un fondo de asistencia a los comedores y merenderos reconocidos en el registro, que garantice las partidas presupuestarias para cubrir el costo de vida de un adulto para no ser indigente, según la canasta básica alimentaria estimada por el CESO-CEANPa» (2).


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En la iniciativa parlamentaria concebida por la CTEP y la Mesa de Unidad de los Trabajadores, queda implícita la real afectación económica que requiere abordar la crisis alimentaria. No se trata de los irrisorios 60 mil pesos que propone Foulkes, o la beneficencia que impulsaba Molinari. Se trata de generar los fundamentos de una política pública y de establecer referencias certeras para una cartografía del sector que padece la crisis.

En ese sentido, durante la reunión de trabajo realizada pocas horas antes de la reunión de comisión que discutiría sobre la emergencia alimentaria, se establecieron parámetros cuantitativos que delimitan el alcance de la emergencia y la responsabilidad del Estado.

Durante 2018, en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en un trabajo conjunto del Gobierno Nacional y organizaciones sociales, la CTEP censó los siete barrios informales que se construyeron a la sombra de la precariedad extrema. Ese trabajo permitió conocer que allí habitan aproximadamente 700 familias, 2250 personas, de las cuales un porcentaje mayoritario son niñes.

En función de esas 700 familias en estado de vulnerabilidad, se edificó un cálculo sobre los recursos necesarios para garantizar que cada una de ellas acceda a la «Canasta de la Emergencia Alimentaria«. Sobre la base de familia tipo (dos adultos, dos niñes), el ejemplo A establece que sólo uno de los mayores recibe el salario social complementario (3). El ingreso familiar se completa con las dos Asignaciones Universales (AUH) de los menores. En ese esquema, las 700 familias en cuestión generan un ingreso total mensual de 12.203.333 pesos; pero el
el total de egresos necesarios para completar la Canasta Alimentaria medida por el CESO – CEAMPa sería de 12.799.500 pesos mensuales. Según el proyecto de ordenanza esa diferencia de 596.166 debería cubrirla el municipio.

En el ejemplo B, se establece sólo un salario complementario por familia y se mantienen las dos AUH. Acá la diferencia entre los ingresos y los egresos crece exponencialmente: son 4.971.166 pesos que debe absorber el Ejecutivo municipal.


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¿Por qué es responsabilidad del Estado reparar esas asimetrías? Porque es el propio Estado a través del gobierno al que pertenecen Foulkes, Molinari y Massaccesi, el que genera las condiciones para empobrecer y licuar la capacidad de los ciudadanos de afrontar la crisis. Los datos y los números en ese sentido son esclarecedores:

. Según el INDEC, la variación relativa de la AUH desde el junio 2015 a marzo 2019 fue de 142,65%, mientras que la inflación acumulada fue 222,43%: la AUH perdió un 79,78%

. En su informe de marzo de 2019, el INDEC indicó que la pobreza aumentó fuerte en el conglomerado Viedma-Patagones: 29,7% mientras la indigencia llegó al 3,4%

. La desocupación en la Comarca Viedma – Patagones se duplicó entre el primer trimestre de 2018 e igual período de este año: pasó de 2,4% a 5,2%

. Un trabajo de investigación de la Universidad Católica Argentina reveló que el 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.

La política pública es poner al Estado en movimiento y al Gobierno en acción estratégica. En Viedma, muchas veces parece que aquellos que tienen la responsabilidad de avanzar en ese sentido no pueden, no quieren o no saben. Mientras, cientos y miles de vecinos y vecinas padecen esa trilogía que patentó Raúl Alfonsín. Por suerte, parece que nuevas expresiones políticas, con mayor volumen conceptual, capacidad técnica y voluntad transformadora viene asomando.


NOTAS

1 La Mesa de Unidad de los Trabajadores es una instancia de articulación político-sindical entre referentes de organizaciones sociales (CTEP) y sindicatos.

2 Desde octubre de 2017 se realiza el Índice de Inflación en Supermercados. Este informe refleja el trabajo de relevamiento de la canasta básica alimentaria para la
Comarca Viedma-Patagones. Se trata de un trabajo conjunto entre el Centro de Estudios Económicos y Sociales “Scalabrini Ortiz” (CESO) y el Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia de la Universidad Nacional de Río Negro (CEANPa), en articulación con el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), el Sindicato de Prensa de Viedma (SiTraPrenVi),el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma (SOYEM), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores) y la Asociación de Docentes de la Universidad nacional de Río Negro (ADURN).

El Salario Social Complementario es un complemento a los ingresos mensuales que perciben los trabajadores que generan su propio trabajo para sobrevivir. El Salario Social Complementario equivale al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).


BONUS: ROSCA INTERNA

Fue llamativo el notorio interés que Silbana Cullumilla (pichettista) y Paola Casadei (¿radical arrepentida?) mostraron por darle tratamiento a la reaccionaria iniciativa para institucionalizar la beneficencia. Ambas ediles, Cullumilla y Casadei, votaron en contra de la declaración de emergencia en diciembre. Ese era un tiempo en el que conformaban un sólido bloque con mayoría propia, en el que habitaban además Molinari, Massaccesi y el pichettista Mario Alberto Francioni (presidente del cuerpo). Cambiemos puro y duro. Aquella solidez se estaría resquebrajando debido a la irrupción en el terreno municipal de Pedro Pesatti. Parece que, otra vez, Cullumilla y Casadei estarían preparando un garrochazo por lo que no es necesario comulgar con Foulkes.


 

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