Noticias falsas, judicialización de la política y operaciones mediáticas son las herramientas recurrentes que el macrismo de Río Negro utiliza para erosionar la imagen pública de los dirigentes que se ubican enfrente de su propuesta binaria y excluyente. La articulación con JSRN. Una consecuencia tangencial y un objetivo subyacente: la deslegitimación de todo el sistema de representación.
La semana pasada la Unidad Fiscal Temática 5 de Río Negro desestimó una denuncia que un dirigente macrista de Roca había lanzado contra Martín Soria en plena campaña por la Gobernación. Luego del fallo, el macrismo rionegrino salió a presionar a la fiscal Julieta Villa a través del diario Río Negro.
Ese sistema (denuncias fake amplificadas en el ámbito mediático y coacción sobre la Justicia) que ahora Mauricio Macri mandó a reactivar en el ámbito rionegrino es el mismo que el exintendente de Roca, en su rol de diputado nacional, denuncia en la justicia federal y que ubica al expresidente como el jefe de una «organización criminal que durante el periodo 2015-2019 se dedicó a presionar sistemáticamente a funcionarios judiciales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial».
QUIÉN ES QUIÉN
La falsa denuncia desestimada por la Justicia fue presentada por Nicolás Suárez Colman, un dirigente del Pro de cuarta línea cuya terminal política provincial es el exdiputado nacional Sergio Wisky, que transitó el período cambiemita 2015-19 anunciando su (fallida) candidatura a Gobernador, pero que terminó con una elección escuálida (19% de los votos) que le impidió renovar su banca en el Congreso de la nación.
La pobre performance del médico estuvo directamente relacionada con el acuerdo político entre Macri, Weretilneck y Pichetto, que intercambiaron apoyos explícitos para las candidaturas de W al senado y de la fórmula MP para la presidencia, en detrimento de todes los demás. En los «demás» estaba incluido un cruzado macrista como Wisky, que luego del fracaso electoral fue contenido en la estructura de Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Marcos Peña.
Suárez Colman, en tanto, es un presentador serial de denuncias sin sustento jurídico. Ese es el máximo capital político de un aspirante a dirigente que no ejerce ningún tipo de representación y que es la síntesis de los «cuadros» formados en el partido de Macri: absorto en el ejercicio de judicializar la política y generar falsas noticias para erosionar a dirigentes con responsabilidad institucional.
Suárez Colman y el macrismo rionegrino parecen encerrados en un loop patético en el que subyace algún tipo de patología: denuncia sin sustento contra Soria, amplificación a través de medios tradicionales y redes sociales (¿de dónde saldrán los recursos para viralizar las fake news?) y, luego, el inexorable final con la Justicia desestimando el supuesto delito.
HECHOS
Es bueno repasar los hechos. En febrero de 2019 (sí, otra vez en plena campaña electoral) Suárez Colman realizó otra presentación judicial contra Soria, esa vez por presuntos sobreprecios en la organización de la edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Manzana. Un mes después la Justicia determinó que no existió delito. Pero durante más de 30 días, un tercio del tiempo total de aquella campaña, los opositores de la oposición confluyeron con el oficialismo provincial y algunos grandes medios para instalar un tema que notoriamente perjudicó la imagen del candidato peronista.
A aquellas dos falsas denuncias del macrismo que condicionaron el desarrollo de la campaña 2019, se le sumó la que realizó el propio Juntos Somos Río Negro (lotes municipales) cuando amanecía el electoral año 2019. Nuevamente la Justicia descartó la denuncia porque no existía ni el más mínimo atisbo que permitiera vislumbrar la configuración de delito alguno. Como en los casos anteriores, las denuncias fueron precedidas por enormes operaciones de prensa para configurar una agenda hegemónica que podría sintetizarse así: «Soria es malo, sucio y feo».
CÓMO, POR QUÉ Y QUIÉNES SE BENEFICIAN
En un tiempo histórico caracterizado por el enorme volumen de información y la velocidad sideral con que esta circula a través de soportes digitales, a los oficialismos de provincias pequeñas como Río Negro (sobre todo cuando existe una continuidad conceptual de más de tres décadas en la conducción del Ejecutivo) les resulta relativamente sencillo
establecer parámetros estables y de aceptación mayoritaria para determinar lo que está bien y lo que está mal. Contexto que se potencia cuando confluyen en la consecución de objetivos con las oposiciones más marginales, dispuestas a hacer el trabajo sucio.
Es que en la era del Big Data y la Posverdad, los trolls y las fake news, la desinformación es el napalm con que se fumiga el campo virtual donde se libran todos los días batallas simbólicas que determinan, entre otras cuestiones, la asignación de los recursos materiales y las relaciones de poder.
Está claro que en Río Negro existe una construcción normativa que hegemoniza el sistema político cuya condición de posibilidad es la eficacia de sus terminales de legitimación centrales (las más ligadas al Estado), pero especialmente de aquellas formas ubicadas en las extremidades, allí donde el poder “se hace capilar en el extremo menos jurídico de su ejercicio”, en términos del sociólogo francés Michel Foucault.
CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA, SENTIDOS Y PODER
En ese marco, la construcción simbólica y la creación de sentidos a través del tándem medios tradicionales – redes sociales, cumple una tarea de disciplinamiento fundamental porque el poder, en términos de Foucault, no se adquiere, se arranca o se pierde: es algo que circula y funciona en cadena y se ejerce a través de una organización reticular que no se aplica a los individuos, sino que transita a través de ellos.
Entonces, si durante toda la campaña de 2019, aparecen tres denuncias que tienen el mismo destinatario y que son amplificadas de manera sistemática, no es difícil imaginar cuáles son los parámetros que van a determinar el sentido común (lo que la gente cree que es razonable sin razonar) de una buena parte de los rionegrinos y rionegrinas.
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Y si ese sistema persiste en el tiempo, con los mismos actores involucrados, está claro que el sistema normativo del que somos depositarios los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro, tiene bien definidos quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios.
Quizás pocos tengan conciencia de esa realidad irrefutable, pero de todas maneras la inmensa mayoría habita este enorme campo: probablemente ninguno de los que estén leyendo este artículo no disponga de una cuenta en Facebook, Instagram o Twitter o lea el diario Río Negro aunque sea tangencialmente una o dos veces a la semana.
Al margen de la potencia, errores y atributos de los comandos de campaña a ambos lados del río Bravo y de los propios candidatos, no incorporar este análisis estructural a la revisión del resultado de la última elección e incluso de la construcción de las agendas mediáticas que hoy atraviesan la provincia, constituye un error conceptual básico.
EL CONTEXTO ES LA NOTICIA
Tan potente como los parámetros conceptuales que determinan las realidades de Río Negro, son los hechos contextuales que completan la fisonomía de los dirigentes y de los diferentes espacios políticos.
Por eso esta avanzada del Pro rionegrino por indicación de la mesa nacional del partido, está relacionada íntimamente con la actividad política y legislativa que desarrolla Soria como diputado nacional.
Es una realidad que sólo puede escapársele a algún desprevenido: Martín Soria es el dirigente rionegrino que más tenazmente enfrenta el modelo conceptual, filosófico y de gestión que propone el macrismo para el país y para Río Negro a través de sus sociedades políticas.
En ese marco, el roquense es uno de los referentes del Frente de Todos a nivel nacional que lidera la búsqueda de justicia frente al descalabro institucional que generó Macri durante su presidencia.
MESA JUDICIAL M
El exintendente de Roca es el autor de la denuncia penal que originó la megacausa judicial denominada Mesa Judicial M, que investiga el fiscal Franco Piccardi y que se encuentra radicada en el juzgado que encabeza la jueza María Eugenia Capuchetti.
La denuncia en la que Soria está acompañado por los diputados Rodolfo Tailhade (muy cercano a Máximo Kirchner) y Eduardo Valdés (del riñón de Alberto Fernández), ubica al expresidente Macri como el jefe de la “Mesa Judicial M”, una «organización criminal encargada de presionar sistemáticamente a funcionarios judiciales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial«.
Para Soria y sus compañeros, los hechos que denuncian configurarían los delitos de «amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, privación ilegal de la libertad, encubrimiento, prevaricato, falsificación de documentos, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y asociación ilícita».
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Según la denuncia presentado el 5 de mayo pasado y ampliada el 10 de septiembre, el 4 de noviembre y el 2 de diciembre, los hechos denunciados «tuvieron comienzo el día 10 de diciembre de 2015, fecha de la asunción como presidente de la Nación de Mauricio Macri, a partir del cual se llevó a cabo un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial de la Nación diseñado y ejecutado desde las máximas jerarquías institucionales del país».
La denuncia no sólo ubica a Macri como máximo responsable de la Mesa, sino que involucra a una gran cantidad de funcionarios jerárquicos de la gestión macrista durante 2015-19, y también a la plana mayor de Cambiemos: Patricia Bullrich, presidenta del Pro, fue sindicada como el «brazo ejecutor» de las maniobras de hostigamiento y persecución para encarcelar a dirigentes sindicales; y la semana pasada los denunciantes pidieron que se sume la declaración testimonial de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La tenaz búsqueda de justicia que lidera Soria tiene como consecuencia directa la reactivación del sistema macrista de hostigamiento, que la semana pasada retomó fuerza en Río Negro. Otra vez, la mayoría de los medios toman la agenda de dirigentes marginales para expandirla en detrimento de la imagen de Soria, mientras que en redes sociales circulan noticias falsas promocionadas por empresas fantasma.
Por supuesto que que no puede afirmarse que, por ejemplo, el diario Río Negro sea parte inherente del dispositivo macrista de persecución. Pero claramente es permeable al cabildeo de los operadores macristas y permite que su línea editorial esté atravesada por las sospechas que lanzan desde ese espacio político.
En paralelo a la virulencia macrista, Soria logró potenciar un proceso de acumulación política hacia el interior del Frente de Todos, a partir de sus iniciativas legislativas (presentó 15 proyectos de Ley desde que asumió hace casi un año) y especialmente de la decisión política y el temperamento demostrados por el roquense a la hora de afrontar el clivaje sobre el que pivotea la política nacional.
En ese marco, Soria tiene a tiro de WhatsApp a los representantes de los tres grandes pilares en lo que se asienta el Frente de Todos: Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Con el Presidente de la nación y con el Jefe del bloque de diputados, logró establecer un vínculo directo que explota en momentos muy puntuales y que se sustenta en la seriedad con la que viene trabajando el roquense. En tanto con el presidente de la Cámara de Diputados los une una relación de mayor confianza política y personal.
ARGENZUELA
El dispositivo a través del cual el macrismo rionegrino (y por añadidura Juntos Somos Río Negro) procura erosionar a Soria, tiene otra consecuencia: la deslegitimación de todo el sistema político. Ese resultado tangencial no es para nada aleatorio, sino que forma parte de una propuesta mucho más profunda que excede largamente una mera disputa coyuntural.
Es que el macrismo, en tanto organización de carácter nacional, es la expresión partidaria del bloque de clase dominante de la Argentina. Es decir, un partido político que acumula desde la despolitización, el reduccionismo y la lógica binaria. Esa matriz es la que imperó durante el largo período neoliberal de nuestro país que comenzó con la dictadura cívico-militar de 1976 y que tuvo continuidad conceptual durante los sucesivos gobiernos democráticos hasta 2003, cuando Néstor Kirchner marcó un cisma en el sistema.
Básicamente, al Pro no le genera contradicción llevarse puesto el sistema político todo porque su base de sustentación puede prescindir de una clase dirigente respetada, instituciones sólidas y un sistema de representación saludable. Por eso no dudan en acumular desde la antipolítica. La judicialización de la política, las fake news, o el lawfare son las herramientas esenciales de esa peligrosa búsqueda que este periodista resumió en el artículo ARGENZUELA, EL SUEÑO HÚMEDO DE LA PATRIA GORILA.
El común denominador de la práctica política del macrismo es que siempre los apuntados por sus operaciones son dirigentes que realmente marcan un punto de ruptura con esa peligrosa búsqueda de destrucción de la representación política.
Quizás por eso, y al margen de los problemas que le pueda generar a la víctima el ataque del aparato normativo del macrismo, cargar con esa aversión sea en realidad un elogio y un prestigioso antecedente cuando todo esto que hoy es, mañana no sea.
